Los padres deben poder optar libremente por el centro de enseñanza que más se ajusta a la educación que quieren para sus hijos y las administraciones públicas deben favorecer que puedan hacerlo en igualdad de condiciones.

  La enseñanza concertada beneficia a los alumnos, a los padres, al conjunto de la sociedad y al Estado en aspectos educativos, económicos y democráticos. La variedad de proyectos educativos garantiza mayor competencia y capacidad de mejora entre los centros educativos.